La que nos está cayendo: el sistema.

Dentro de un sistema democrático tienen que establecerse unos cauces de participación, de control y de organización de las diferentes instituciones y servicios que forman el Estado. En algunos países, España entre ellos, hay una serie de admistraciones locales más o menos independientes (länder en Alemania y Austria, estados en Norteamérica, autonomías en España...) con normativas  y elecciones propias, lo que convierte el sistema democrático en una organización terriblemente compleja, difícil de coordinar y a veces imposible de gobernar. Enfrentarse a ella es tarea muy compleja: ya lo es solo el intentar entenderla.

Los partidos políticos no son la base del sistema democrático: la base es el pueblo soberano que elige quien y cómo le ha de gobernar. En la transición tardía se blindaron las condiciones de funcionamiento de los recién nacidos partidos políticos a fin de evitar una vuelta atrás. Sin embargo, se les dieron una serie  desmedida de prebendas: elección del CGPJ sólo por las cámaras, consejos de administración de las Cajas de Ahorro, financiación por múltiples vías a partidos y sindicatos, creación de muchos nuevos organismos, funcionarios directivos  que dependen sobre todo de sus relaciones personales y políticas, facilidad de jueces y fiscales  para circular por la política,  creación de 17 administraciones autonómicas... Todo esto creó un monstruo voraz e intratable que ha consumido recursos de una manera desaforada y ha despertado un gran recelo ente la población.


La propia estructura interna de los partidos impide que las personas que los dirigen o que concurren a unas elecciones sean  directamente designadas por las bases, a diferencia de lo que ocurre en otros países con legislación muy clara al respecto y en cuyos partidos sí tiene lugar una auténtica competencia interna basada en los méritos y matizada por la honorabilidad; recordemos un caso reciente de dimisión de un ministro al descubrirse que había copiado su tesis doctoral, algo impensable en España, donde no dimite casi nadie (y donde hay pocas tesis doctorales en estos escenarios).

El sistema de listas cerradas es el colofón de esta estructura inabordable. Hay que votar a una lista, gusten o no alguno de los que la componen y sin alternativa posible. Sería interesante llegar a saber cuantos de los diputados o senadores lo son solo por estar en una lista cerrada, y que nunca hubieran salido elegidos (ni gozado de privilegios pagados, precisamente, por los votantes) de ser otro el sistema electoral.

Y una vez consumada la elección, hay que esperar cuatro años para intentar cambiar de nuevo la situación, con muy poco margen de maniobra. Durante este tiempo, la posibilidad real de exigir el cumplimiento de las promesas electorales o responsabilidades a quienes no cumplan con las funciones que les han sido asignadas es prácticamente nula.

El sistema democrático español es paradójicamente muy poco participativo y propenso a autoperpetuarse y a corromperse, ya que los políticos, por el mero hecho de serlo, tienen potestad  sobre la economía, la justicia, los servicios públicos... y no suelen hacerlo bien. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se tolera? La clave está en la ciudadanía, que, hasta ahora por lo menos, ha consentido esta situación. Hablaremos de ello en la próxima entrega.