Privatizar

La privatización de empresas públicas está dando titulares de prensa casi a diario, y no para bien. Los trabajadores de dichas empresas protestan de forma enérgica por lo que consideran un peligro tanto para la función que realizan como para la estabilidad de sus propios puestos de trabajo. La pregunta es inevitable: ¿funcionarían mejor o simplemente bien esas empresas en manos privadas? Y aunque así fuera, ¿es razonable poner en manos de una sociedad privada una parte estratégica del Estado?

El objetivo de cualquier empresa es obtener beneficios y ganar dinero. Esto se puede hacer de forma sensata y con la idea de beneficiarse sin sobrepasar ciertos límites, procurando que todos los implicados ganen, o se puede plantear como una auténtica guerra en la que prime el beneficio inmediato y sin importar lo que pueda ocurrir a los demás, al medio ambiente o a generaciones futuras. Esta falta de ética empresarial es el factor más importante de la presente crisis mundial, y, lejos de ser una idea romántica, la ética será lo que determine no solo la salida de la crisis, sino la manera de plantear el progreso en los años venideros.

Las empresas públicas surgen para dar respuesta a necesidades básicas de la población: suministro de agua o electricidad, comunicaciones, sanidad, educación... La idea es que puedan realizar sus funciones sin depender de si obtienen o no beneficios, ya que trabajan en unos campos fundamentales para el funcionamiento de la sociedad. La no dependencia de la obtención de beneficios es, sin embargo, una situación peligrosa porque lleva a pensar que no importa ni lo que se haga ni como se haga, ya que el Estado siempre proveerá, y porque al frente de dichas empresas pueden situarse personas sin experiencia y sin un interés real en hacer bien las cosas, que juegan con dinero ajeno y sin arriesgar absolutamente nada. Precisamente por ser dinero de todos deberían extremarse los controles y, lo que es más importante, los directivos de dichas empresas públicas deberían tener una firme base moral a la hora de tomar cualquier decisión.

Con una situación de crisis se hace imperativo conseguir dinero como sea, y lo primero es disminuir las pérdidas. El problema es que se tiene aquello por lo que se paga, y si el reponsable de una empresa pública es una medianía, difícilmente va a poder ahora mejorar los balances. ¿Qué nos queda? Vender la empresa, privatizarla, para cortar la sangría y obtener un beneficio inmediato. Resulta obvio que si alguien compra esa empresa persigue el objetivo básico de ganar dinero con ella, bien por gestionarla como es debido, o bien por ajustar ingresos y gastos, y esto último puede repercutir negativamente en el servicio prestado, así que es imperativo que el Estado conserve un cierto grado de control. Pensemos en los problemas que se pueden plantear por un corte de suministro eléctrico, por ejemplo.

La sanidad es un caso un poco especial dentro de las empresas públicas, porque abarca tres áreas muy diferentes entre sí: prevención, tratamiento y recuperación / cuidados. La empresas privadas que se dedican a la sanidad quieren ganar dinero, como es lógico, y su objetivo es la enfermedad rentable, esto es, aquella que se puede diagnosticar con un mínimo de medios y cuya resolución se espera en un corto periodo de tiempo; para conseguir beneficios ajustan muy bien los ingresos (pólizas, cuotas...) y los gastos (material, personal...). Desde este punto de vista no hay nada que objetar; es más, la sanidad privada puede ser un complemento de la pública en casos muy concretos de falta de medios o de tiempos de espera prolongados. El problema surge, como está pasando en estos momentos en Madrid, cuando se intenta que la sanidad privada asuma las funciones de la pública: la prevención solo es rentable en los muy concretos casos en que puede evitar un tratamiento costoso, y la recuperación y los cuidados no son rentables jamás para empresas de estas características.

En Madrid se está hipotecando la salud de varias generaciones porque se han tomado como ejemplo los resultados de una empresa sanitaria privada, por oposición a los de la sanidad pública, concediéndole a aquella la gestión completa de varias áreas de salud y dándole para ello unos privilegios de los que nunca han gozado los hospitales públicos. La salud es difícil de medir, ya que la prevención y los cuidados dan frutos poco tangibles y, sobre todo, a largo plazo, y como lo que se persigue es el beneficio inmediato antes de las siguientes elecciones, es mucho más vistoso inaugurar un hospital innecesario que potenciar otro ya existente; además, se retira plantilla del segundo, se cierran camas y se "demuestra" que el privado funciona mejor, en un ejercicio de cinismo insuperable, coronado por públicas alabanzas a sistemas sanitarios como el norteamericano. Resultan inquietantes en este escenario informaciones sobre la presunta participación de políticos y familiares de políticos precisamente en estas empresas sanitarias.

Es obvio que las empresas públicas deben estar muy bien gestionadas, que las que pueden conseguir beneficios deben hacerlo y que las deficitarias tienen que moverse en unos límites muy definidos y siempre dentro de la mayor eficiencia posible. Caer en la tentación fácil de privatizar es muy peligroso a corto plazo y catastrófico a la larga, y lo peor es que los reponsables de ello quedarán impunes, como siempre, y lo sufrirán los más vulnerables y desfavorecidos. Como siempre.